interpuesta por el legislador radical Bautista Mendioroz, de acción
colectiva de amparo ambiental, para lograr la suspensión del acto
administrativo que autorizó a la empresa Greencor SA, de Cinco Saltos, a
desarrollar la polémica actividad petrolera “Landfarming”, hasta tanto
se cumplimente con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
previsto en la Ley M Nº 3266, que trata esa temática.
La norma incluye la obligatoriedad de realizar audiencias públicas con
carácter previo a comenzar a desarrollar actividades potencialmente
dañosas del medio ambiente, tal como lo manifestaron ciudadanos de Cinco
Saltos en varias oportunidades.
Oportunamente, la procuradora general Silvia Baquero Lazcano emitió un
dictamen favorable a lo planteado por Mendioroz.
El presidente del bloque de legisladores del radicalismo refirió en su
momento que el 21 de julio de este año el juez superior Enrique
Mansilla, en su carácter de magistrado de amparo, hizo lugar a un
planteo formulado a fines 2013 y ordenó la realización de la audiencia
publica y la modificación de la resolución de aprobación ambiental al
resultado de aquella instancia, requiriendo a la empresa Greencor SA la
presentación de informes y monitoreos ambientales periódicos para
determinar si durante el funcionamiento de su planta se produjo
contaminación.
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